Siete años transcurrieron para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fijara postura

Siete años transcurrieron para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fijára postura

Siete años transcurrieron para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fijara postura sobre los sucesos ocurridos durante el 27 de febrero de 1989, y los días sucesivos al llamado Caracazo, estallido social considerado como el mayor genocidio cometido por la Cuarta República contra el pueblo de Venezuela.

Es durante el 2002, tras la llegada del presidente de la República, Hugo Chávez; que la CIDH condena al estado venezolano por estos hechos, luego de que el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y marzo 1989 (Cofavic), organización no gubernamental, elevara una denuncia en el año de 1995 a esta instancia internacional.

La cantidad de civiles fallecidos durante estos días es incalculable, sin embargo, se presume que al menos 3000 personas fueron masacradas por las fuerzas represivas del gobierno puntofijista de Carlos Andrés Pérez (CAP), pese a que el entonces ministro, Ítalo del Valle Alliegro, aseguraba que eran sólo 300.

Aquel 27 de febrero despertó el pueblo. La injusticia social, profundizada por la puesta en marcha del "paquete económico", dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), hizo insoportable la situación de los venezolanos y las calles se llenaron de rebelión.

La respuesta del gobierno de CAP a la movilización popular fue la metralla y la cárcel.

La orientación económica de Venezuela, al igual que propugna la derecha hoy, pretendía disminuir el tamaño del Estado, "frenar" la inflación, atraer capitales internacionales y demás consignas neoliberales de antes y de ahora.

A pesar de que esta rebelión popular ocurrió 10 años antes de la llegada del Gobierno Bolivariano, el presidente Chávez reconoce voluntariamente la responsabilidad del Estado y decide indemnizar al resto de las víctimas que no tuvieron acceso al CIDH.

“Hasta la fecha el estado ha avanzado en la indemnización de 317 familiares de 113 víctimas de El Caracazo”, destaca Daniel Ramírez, director de Atención al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo (DP), institución que junto al Ministerio Público trabaja en la investigación del hecho.

Producto de las labores realizada por el ente garante de los derechos humanos en Venezuela, 135 familiares de 50 fallecidos fueron indemnizados en 2009. Mientras que en 2010 fueron resarcidas 182 personas, consanguíneos con 63 víctimas.

Génesis de la justicia por los caídos del 27F

Es a partir del levantamiento de una serie de denuncias elevadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se logra identificar a 336 ciudadanos fallecidos durante estas acciones violentas y comienzan las pesquisas en 2002, de allí se tramita la indemnización de 317 familiares.

“El 27 de febrero de 2007, en una sesión extraordinaria en El Valle (Caracas) se entregó el primer informe de las investigaciones. En ese momento se propone declarar esa fecha como Día Nacional de los Derechos Humanos en Venezuela”, comenta Ramírez.

En 1995, seis años después del llamado Caracazo, Cofavic -no existía la Defensoría del Pueblo- presenta un informe al CIDH en busca de la indemnización de los familiares de 44 ciudadanos asesinados por la brutal represión durante la revuelta social.

“Cofavic eleva un número de casos con los cuales el Ministerio Público no coincide. Alrededor de cuatro personas que no están identificadas, se incluyen en esta lista. Son expedientes de demandas que no existen y por las cuales el estado fue condenado”, afirma Daniel Ramírez.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, deja un vacío de más de cinco años sobre el caso, sin dar respuesta a los familiares. Es bajo el mandato del presidente Chávez que dicta el fallo contra el Estado, poniendo así en tela de juicio su “supuesta” imparcialidad.

“Como institución del Estado hemos asumido de manera autónoma este caso de investigación, no mantenemos ninguna relación con ONG”, apuntó el directivo de la DP.

Las acciones del Gobierno revolucionario no sólo se limitaron a resarcir a estas familias, también implementaron mecanismos para las personas lesionadas que, a causa de la circunstancia, quedaron con alguna discapacidad.

Es así como 22 lesionados, identificados a través de la Misión José Gregorio Hernández en el 2009, fueron atendidos gracias a un trabajo articulado con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.

Responsabilidades penales

Además de la actuación por parte de la Defensoría del Pueblo en apoyo a las familias afectadas, la Fiscalía General de la República ha hecho lo propio en cuanto a las investigaciones penales se refiere.

Hasta este año pesan cinco acusaciones contra funcionarios que integraron el gobierno de CAP y que fueron partícipes activos en el asesinato de este grupo de venezolanos.

Ítalo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa; Manuel Heinz Azpúrua, Jefe del Comando Estratégico del Ejército y Comandante de Operaciones del Plan Ávila; José Rafael León Orsini, Director de la Policía Metropolitana (PM), ocupantes de tales cargos para ese momento, fueron acusados en 2009.

De igual manera, el ex comandante del Core 5 de la Guardia Nacional (GN) Freddy Maya Cardona y el segundo comandante de la Policía Metropolitana para la fecha, general retirado Luis Guillermo Fuentes Serra, se suman a esta lista.

En días recientes, la fiscal Luisa Ortega Díaz, informó sobre la citación de cuatro ciudadanos más que se desempeñaban como funcionarios de la GN y la PM.

Estos responden a los nombres de: Walter Eliécer Bastidas, Pedro Sevilla Morillo, Seferino de Jesús García Pulido y Eduardo Valiero, citados para su imputación.

Para Daniel Ramírez el 27 de febrero de 1989 representa en la historia contemporánea de Venezuela, la subversión de la clase social menos favorecida, la cual fue excluida durante los gobiernos de derecha, de manera cruda y radicalizada.

“Resta seguir documentando e investigando 223 víctimas y este es el trabajo que tenemos para este año”, señaló el director de Atención al Ciudadano de la Defensoría, quien aspira que para 2012 sean concluidas las investigaciones de este hecho, donde el pueblo venezolano fue masacrado por el delito de defender una vida más justa.